MIAMI FL. 4 Feb. 2016 – Grupos pro-inmigrantes se concentraran en varias urbes de Florida para protestar contra un proyecto de ley que, de ser aprobado, obligaría a los profesores y a la Policía local a informar sobre la presencia de inmigrantes indocumentados.
El proyecto de ley HB 675 comenzó a debatirse este martes en el pleno de la Cámara de Representantes de Florida, pero se pospuso hasta nuevo aviso y, por el momento, se desconoce cuando sera la votación final.
La campaña “Somos Florida” congregó hoy en las ciudades de Tampa (costa oeste), Orlando (centro del estado), Tallahassee (capital del estado) y Apopka (también el centro de Florida) a votantes latinos y grupos de activistas indignados por este proyecto de ley patrocinado por el congresista republicano Larry Metz.
La medida obstruye la soberanía de los gobiernos locales para proteger los derechos civiles de sus comunidades y obliga a la fuerzas del orden y distritos escolares a cooperar con Inmigración a un nivel que actualmente no es obligatorio ni financiado por el Gobierno federal”, señaló un comunicado de la organización Latina Comunica.
La implementación de esta normativa significaría que “nuestros profesores están obligados a reportar a las autoridades a aquellos estudiantes indocumentados o a sus padres, mientras que los agentes de la Policía tendrán que retener a los inmigrantes detenidos por ser indocumentados”, explicó Francesca Menes, directora de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
Menes advirtió de que la aprobación de esta medida generaría de inmediato un enorme miedo entre los inmigrantes a la hora de llamar a la Policía para “reportar un crimen”, al tiempo que los padres indocumentados temerán llevar a sus hijos al colegio.
La semana pasada, los comisionados del condado de Miami-Dade aprobaron por unanimidad una resolución contraria a la ley HB 675.
Por su parte, los alguaciles de los condados de Broward, Hernando, Hillsborough, Palm Beach, Pinellas y Pasco optaron por no ejecutar las leyes federales sobre inmigración al “afectar estas a la confianza de la comunidad”, “separar a las familias” y suponer un “desperdicio de recursos”.
