A pesar de que en ocho años de gobierno la administración del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva estuvo marcada por varios escándalos de corrupción – uno de los más recordados fue el de su hijo Fabio Luis Lula Da Silva por enriquecimiento ilícito revelado por la revista ‘Veja’ el año pasado- su figura siempre salió fortalecida.
Sin embargo, un mes y 23 días después de que entregara la presidencia, el mito en torno al exsindicalista cojea. El martes pasado el Ministerio Público Federal de Brasilia (Fiscalía) anunció la apertura de un proceso por malversación de fondos públicos en su contra.
El hecho por el que se le acusa se remonta a octubre de 2004, cuando Lula y su entonces ministro de Seguridad Social, Francisco Amir Lando, gastaron cerca de US$3,5 millones del erario público en el envío de 10,6 millones de cartas a jubilados beneficiarios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) con el objetivo de promocionarse y, al mismo tiempo, publicitar los créditos a bajas tasas de interés del banco privado BMG.
Si bien los mensajes informaban a los pensionados del INSS sobre los préstamos, para la Fiscalía de Brasilia el hecho no constituía un caso de “interés público” y carecía de “carácter educativo, informativo o de orientación social” tal y como lo exige la ley. Por tal razón, la Fiscalía le exigió a los dos involucrados la devolución del costo de envío y le solicitó a la Justicia Federal el bloqueo de los bienes de ambos para garantizar la restitución de los fondos en caso de que sean procesados y hallados culpables.
A pesar del impacto mediático de la noticia, para el analista político André César, de la firma Consultoría Política con sede en Brasilia, “es poco probable que este tipo de acciones avancen y que terminen generando alguna sanción. En los medios políticos se contempla que cuando el presidente Lula se defienda, el proceso será archivado”.
En ese mismo sentido, la periodista y columnista del diario Folha de Sao Paulo, Eliane Cantanhêde, aseguró que tomará un buen tiempo conocer la decisión de la Fiscalía y que, en todo caso, ésta no traerá consecuencias ya que “es sólo un gesto político”.
Por otro lado, André César afirmó que el anuncio no fue sorpresivo ya que, desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el Ministerio Público ha estado muy activo y se ha convertido casi que en un “protagonista político”. Además resaltó que este tipo de acontecimientos son habituales en la política brasileña: “Cuando un expresidente sale del poder, independientemente de su popularidad o de la fuerza de su partido político, siempre es sometido a este tipo de demandas, recuerde que hace unos años los señalamientos giraron en torno a la corrupción del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2003). Es por eso que no creo que esta demanda afecte los proyectos políticos de Lula, es sólo un show mediático”.
