Venezuela rechaza por “injerencista” la declaración de Chile sobre opositor López

Caracas (AFP) – Venezuela rechazó este lunes por “injerencista” una declaración de Chile en la que abogó por el respeto al debido proceso en el caso del líder opositor Leopoldo López, tras su condena a casi 14 años de cárcel.

La cancillería venezolana respondió así a un comunicado emitido por el gobierno chileno el pasado sábado, mediante el cual, dijo, se realizan “juicios de carácter injerencista en los asuntos internos de un Estado de Derecho democrático, soberano e independiente como la República Bolivariana de Venezuela”.

Caracas “hace un nuevo llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile para que en el ánimo de mantener relaciones de respeto mutuo evite inmiscuirse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por acción directa o por influencia de potencias externas”, añadió un comunicado de la cancillería.

En su declaración sobre la condena a López y tres estudiantes, el gobierno de Michelle Bachelet manifestó esperar que “se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar de una sentencia de primera instancia”.

López, una de las figuras más prominentes de la oposición venezolana, fue sentenciado el pasado jueves a 13 años y nueve meses de prisión por cargos relacionados con las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.La condena desató críticas de Estados Unidos, líderes internacionales y ONG de derechos humanos, que cuestionaron la independencia del sistema de justicia venezolano.

Para Caracas “es norma fundamental abstenerse de pronunciarse sobre los asuntos domésticos de cualquier Estado soberano”, recalcó el pronunciamiento.

Por ello, el gobierno de Maduro señaló que sería “impensable” que opinara sobre cuestiones internas chilenas como las denuncias de violación de los derechos humanos de los indígenas mapuches o acerca de la “impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista”.

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