14/11/2016. Bogotá. Colombia logró un nuevo acuerdo con las FARC, pero sellar la paz con la guerrilla más antigua de América Latina requiere que el texto reciba el visto bueno de la oposición y responda a dos interrogantes que ayer se hacían los ciudadanos: cómo se refrendará y cómo se implementará.
El pacto, firmado el sábado por los jefes negociadores de ambas partes en La Habana, incluye parte de los cuestionamientos, precisiones y aportes de diversos sectores que se opusieron al pacto original, alcanzado el 26 de septiembre, pero derrotado en un plebiscito el pasado 2 de octubre.
En 56 de los 57 ejes temáticos se hicieron modificaciones significativas. En asuntos como reclusión de guerrilleros, procesamiento de los sediciosos, derecho a la propiedad y tierras hubo cambios, pero en el tema de participación política, algo que reclamaban los propulsores del No, no hubo cambios.
La razón esgrimida por el mismo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es que la razón de ser de las FARC es política y no se podía excluir la motivación de los insurrectos. El acuerdo garantiza que en las elecciones de 2018 y 2022 la guerrilla tendrá garantizada en el Senado y en la cámara de diputados cinco curules.
“La razón de ser de todos los procesos de paz en el mundo es que los guerrilleros dejen las armas y puedan hacer política dentro de la legalidad. Este proceso con las FARC no es una excepción, ni puede serlo. Las FARC tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”, agregó, pero enfatizó que los guerrilleros no tendrán curules a dedo, pero sí podrán ser elegidos y reconoció que no se pudo avanzar en ese reclamo de los propulsores del No.
A pesar del punto que seguramente generará polémica, el mandatario aseguró que este acuerdo es mejor que el previo.
El director del Centro de Análisis del conflicto Cerac, Jorge Restrepo, coincidió en que la nueva versión es mejor porque preserva la Constitución al eliminar innovaciones jurídicas innecesarias, que buscaban dar garantías a FARC
“El pacto entrega a varios grupos del No avances que protegen sus intereses”, sobre todo en temas de seguridad jurídica para quienes pudieran estar comprometidos en delitos, como algunos militares y empresarios, y sectores religiosos que temían la presencia de ideologías de género en el texto.
Sin embargo, ni Santos ni los negociadores en La Habana entregaron detalles sobre cómo será el proceso de refrendación del nuevo acuerdo.
Por ahora, el presidente colombiano ordenó al jefe negociador Humberto de la Calle comenzar a reunirse con los líderes del No para explicarles detalladamente las modificaciones.
Se espera que la “versión integrada” del acuerdo esté pronto disponible para que todos los colombianos la puedan leer.
El otro gran interrogante que surge sobre el futuro del proceso es si los opositores, después de conocer el acuerdo, decidirán apoyarlo, hacerle observaciones o rechazarlo definitivamente, lo que implicaría que siga la incertidumbre sobre su implementación.
El ex presidente Álvaro Uribe solicitó ayer, tras el anuncio de Santos, que se entregue el acuerdo para que se pueda estudiar el texto y que este no tenga un alcance definitivo hasta su revisión.
Dudas. El jefe negociador de Colombia con el Ejército de Liberación Nacional puso ayer en duda las intenciones de esa guerrilla para comenzar un proceso de paz, luego de un atentado contra un oleoducto en el sur del país.
“Este es el tipo de gesto antihumanitario, que además de censurable, no habla claro de quienes dicen querer iniciar un proceso de paz”, indicó Juan Camilo Restrepo.
El Ejército informó el sábado que integrantes del ELN activaron un artefacto explosivo improvisado con el que afectaron el Oleoducto Trasandino, en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño.
