Washington, 5 Ene.- Más de 150 organizaciones no gubernamentales (ONG) se quejaron hoy ante funcionarios estadunidenses de que muchos de los refugiados centroamericanos seleccionados para las recientes redadas de migración, están deshabilitados.
Por ello, la coalición de ONG pidió el inmediato fin de las redadas, respeto a la Ley de Rehabilitación de 1973 y exigió que las agencias federales hagan ajustes razonables para padres y niños refugiados centroamericanos con discapacidades relacionadas con el trauma.
“Una proporción muy alta de las madres y niños centroamericanos
seleccionados para las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han sobrevivido al asalto sexual u otras formas de violencia extrema, han lamentado la pérdida de familiares cercanos a la violencia particularizada”, sostienen en una misiva.
En la carta, enviada a la Fiscal General, Loretta Lynch, y al Secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, aseguraron que las madres y los niños que presenciaron y sobrevivieron a la detención, tortura y asesinato de miembros de su familia, están siendo traumatizados por las redadas.
El lunes, el secretario Johnson defendió el inicio de las redadas para detener y deportar a cientos de inmigrantes centroamericanos que ingresaron a Estados Unidos en 2014, huyendo de la violencia que azota a sus países.
Johnson indicó que los operativos iniciados este sábado por agentes del ICE en Georgia, Texas y Carolina del Norte resultaron en la detención de 212 personas, quienes están en proceso de deportación.
Organizaciones de derechos humanos dieron a conocer el sábado que la mayoría de los detenidos fueron concentrados en uno de los dos centros de detención que el gobierno federal opera en Texas.
En su carta, las ONG pidieron al gobierno federal suspender las redadas en espera de una revisión para determinar si los procedimientos de asilo y de migración que dieron lugar a órdenes de deportación de estas familias cumplieron con la ley federal de discapacidad.
La Ley de Rehabilitación de 1973 requiere que los programas federales, incluyendo los procedimientos de deportación y operaciones de control migratorio, hagan ajustes razonables para asegurar que a los discapacitados no se les niegue el acceso efectivo a beneficios o servicios. (Notimex)
