Ciudad de Guatemala (AFP) – El presidente de Guatemala, Otto Pérez, podría perder el martes su inmunidad cuando el Congreso se pronuncie sobre un pedido para que enfrente la justicia por denuncias de corrupción en su contra, lo que sería un hecho histórico en el país centroamericano.
El Congreso programó para las 20H00 GMT la sesión para estudiar la recomendación de un comité parlamentario de levantar los fueros al mandatario, para lo cual se requiere una mayoría especial de dos tercios, 105 de 158 diputados.
Mientras el país vive un momento inédito de protestas, decenas de sindicalistas bloquearon los ingresos al Congreso en demanda de la aprobación de leyes sociales.
Para garantizar el ingreso de los diputados, otros manifestantes que exigen la salida de Pérez formaron una “valla humana” por la que pasaron los congresistas.
Pérez, un general retirado de 64 años que llegó al poder en 2012, está acusado de liderar una red denominada “La Línea” que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en el sistema nacional de aduanas.
El presidente fue involucrado en el caso por la Fiscalía y la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que solicitaron el 21 de agosto a la Corte Suprema de Justicia que autorizara un proceso para quitarle la inmunidad ante indicios de su participación en el esquema.
Tales indicios incluyen una conversación telefónica en la que éste presuntamente ordena cambios de personal en las aduanas, algo que sus acusadores interpretan como una injerencia para facilitar la operación ilícita.
El caso, destapado inicialmente por la Fiscalía y la CICIG en abril pasado, precipitó la renuncia de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien guarda prisión preventiva por su presunto papel en el caso.
– Llegar o no llegar –
Guatemala celebrará elecciones el próximo 6 de septiembre y, pese a que Pérez ha dicho que no renunciará, la incógnita radica en si llegará al 14 de enero -día del cambio de gobierno- para entregar la banda presidencial a quien resulte electo.
La ley guatemalteca estipula que el presidente debe cesar en el cargo si un juez ordena su prisión preventiva.
El analista José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), dijo a la AFP que cree que Pérez “no llegará al 14 de enero, saldrá antes, pero eso depende mucho de cuánto avancen los procesos” en la justicia.
Miles de personas exigen la renuncia de Pérez en manifestaciones callejeras que se han sucedido en los últimos meses. Instituciones como la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación también han reclamado su dimisión.
Pero el mandatario reiteró el lunes en conferencia de prensa que no renunciará al cargo y aseguró que no recibió “ningún centavo” de estructuras fraudulentas. “Me siento completamente tranquilo”, aseveró.
También el lunes, su abogado César Calderón presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, para detener el proceso legislativo que busca retirarle la inmunidad. El tribunal se pronunciará a más tardar el jueves.
Sanabria coincide con otros analistas en que el presidente se apoya en una “evidente alianza” entre el gobernante Partido Patriota y el también derechista partido Libertad Democrática Renovada (Líder), y que ambos partidos buscarán entorpecer los procesos contra el mandatario.
Sin embargo, el candidato de Líder, Manuel Baldizón, favorito en las encuestas para ganar las elecciones del domingo, rechazó esas versiones y alentó al Congreso a quitar la inmunidad a Pérez.
El Congreso ya rechazó a mediados de agosto levantar los fueros al mandatario, aunque fue antes de que fuera involucrado oficialmente en el caso de las aduanas.
Además de ese caso, hay otros escándalos de corrupción revelados bajo la gestión de Pérez. Entre ellos figura la sobrefacturación en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social, que implicó el arresto en mayo de jerarcas de esa institución y del Banco de Guatemala (banco central).
Asimismo, como resultado de otra investigación de la Fiscalía y la CICIG en julio fue detenido Gustavo Martínez, yerno de Pérez y exsecretario general de la Presidencia del actual gobierno, por cargos de tráfico de influencias para favorecer a una empresa de energía.
