Ciudad de Guatemala (AFP) – El presidente de Guatemala, Otto Pérez, negó este sábado en un escrito enviado a una comisión del Congreso que evalúa retirarle la inmunidad, su participación en un fraude millonario en las aduanas nacionales que provoca una crisis política en el país.
César Calderón, abogado de Pérez, dijo a periodistas que debido a que la ley no obliga la presencia física del presidente, se optó por entregar un informe “negando los hechos” que se le imputan a su cliente, quien se niega a renunciar al cargo pese a protestas masivas que exigen su salida.
El comité, integrado por cinco diputados y encabezado por el oficialista Mario Linares, citó a Pérez para conocer sus alegatos de defensa luego de que el viernes escuchara las acusaciones en su contra.
Según una investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, el gobernante guatemalteco es presuntamente uno de los cabecillas de una mafia denominada “La Línea” descubierta en abril pasado, que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.
Con base a la sospecha, ambas entidades presentaron el 21 de agosto la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, que autorizó al Congreso iniciar el procedimiento de antejuicio (retiro de inmunidad) contra el presidente.
Una de las pruebas que involucra a Pérez en la estafa es una grabación telefónica con el detenido exjefe del ente recaudador de impuestos Carlos Muñoz, a quien le exige cambios de personal en la entidad, pese a que la institución goza de autonomía.
La exigencia de Pérez se ha interpretado por los investigadores como una injerencia en la entidad para colocar funcionarios en puestos claves y facilitar la operación ilícita.
El abogado del presidente señaló que esa petición de Pérez obedece a “medidas de coordinación que se toman con todos los entes del Estado” y que la escucha telefónica “no lo vincula y no le da grado de participación en la estructura criminal”.
El comité legislativo tiene previsto rendir el informe el lunes donde podría recomendar levantar los fueros a Pérez para que sea investigado penalmente, lo cual requiere el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados.
Por el escándalo de corrupción se encuentra en prisión preventiva la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo tras verse salpicada en el fraude dirigido presuntamente por su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, ahora prófugo.