Ciudad de Guatemala (AFP) – El presidente de Guatemala, Otto Pérez, negó este lunes tener vínculos con una estructura de defraudación fiscal, al afirmar que no recibió “ningún centavo” y que tiene “la conciencia tranquila”, luego de ser señalado como cabecilla de esa mafia.
Al hablar en una conferencia de prensa, Pérez reafirmó que no renunciará al cargo pese a las multitudinarias marchas en las que la población clama por su salida e insistió en que dará la cara ante la justicia.
“Vuelvo a reiterar mi posición respecto al señalamiento que está haciendo la Fiscalía y es que estoy completamente tranquilo”, afirmó el gobernante en Casa Presidencial, en el centro de la capital.
“Yo les puedo decir que no recibí ningún centavo y menos de esa estructura fraudulenta que estuvo prácticamente robando al pueblo y que pudo ingresar a las arcas de la Superintendencia de Administración Tributaria” (SAT), afirmó.
Por el contrario, defendió el respeto al “debido proceso y la presunción de inocencia”, al tiempo que llamó al país a la calma a menos de una semana de las elecciones del próximo domingo, en que será escogido su sucesor.
El pasado sábado una comisión especial del Congreso recomendó retirarle la inmunidad al gobernante para que sea investigado penalmente.
Para levantar los fueros a Pérez, el Congreso debe llamar a una sesión y obtener el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados. Se espera que este lunes la junta directiva del Legislativo reciba la recomendación de la comisión y programe una fecha para que se analice el tema en sesión plenaria.
Poco antes de dirigirse a los periodistas, el abogado de Pérez, César Calderón, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, para anular el proceso legislativo que busca retirar la inmunidad del gobernante.
El gobierno de Pérez se encuentra en el ojo del huracán luego que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, descubrió en abril pasado una red que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos conocida como “La Línea”, y que involucraba a altos funcionarios.
La crisis empeoró el pasado 21 de agosto cuando Pérez fue señalado como uno de los cabecillas del fraude y se arrestó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo por el escándalo.
