El senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio afirmó este lunes que decidirá “en pocas semanas” si aspirará a la Casa Blanca en 2016, al señalar que esa opción la estudia “seriamente”.
“He sido muy honesto, estamos seriamente considerando la candidatura a la presidencia. Tomaremos una decisión muy pronto y haremos un anuncio”, dijo a periodistas el republicano Rubio, en un acto de graduación de pequeños empresarios de un curso de formación en el Miami Dade College, en esta ciudad del sureste norteamericano.
“Estamos considerando las opciones con respecto a cuál es el sitio desde el que puedo servir a mi país en este momento de mi vida y de mi carrera y tendremos un anuncio en unas pocas semanas”, insistió el conservador senador por Florida.
Rubio forma parte del nutrido grupo de líderes del Partido Republicano que ha hablado abiertamente de la posibilidad de lanzarse como candidato para las elecciones de 2016, cuando será elegido el sucesor del presidente demócrata Barack Obama.
Jeb Bush, el exgobernador de Florida que es visto como el mentor político de Rubio, anunció también en diciembre que explora “activamente” la posibilidad de una candidatura.
Del lado demócrata, suena el nombre de Hillary Clinton, aunque la exsecretaria de Estado tampoco lo ha oficializado.
Rubio, nacido en Miami hace 43 años de un matrimonio cubano que salió de la isla para escapar de la pobreza, fustigó nuevamente el reciente acercamiento iniciado por Estados Unidos y Cuba, del cual se ha erigido en uno de los principales críticos en el Partido Republicano.
“Creo que va a ser muy difícil para alguna empresa privada (estadounidense) hacer negocios en Cuba como están acostumbrados, porque en Cuba no hay leyes, en Cuba realmente la ley es la que determine la tiranía”, dijo el senador, que ha prometido poner trabas el acercamiento desde el Congreso norteamericano.
Asimismo, dijo que la embajada estadounidense que podría abrirse en La Habana si Estados Unidos y Cuba restablecen relaciones no sería “verdadera” si el gobierno castrista restringe contactos de los diplomáticos norteamericanos con la disidencia en la isla.
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