México (AFP) – Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi un año en Iguala exigirán al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que se investigue a los funcionarios que podrían haber obstruido “la verdad de lo sucedido”, después de que una investigación independiente contradijera la versión oficial.
Los padres de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa (Guerrero, sur) “van a entregar varias propuestas al presidente” con el objetivo de obtener “certezas vinculadas con la investigación”, dijo Mario Patrón, titular del Centro Prodh, organización civil que ha acompañado y asesorado a los familiares desde su desaparición a Radio Fórmula.
En la reunión con Peña Nieto, programada para el 24 de septiembre y que es la segunda que tendrán con el mandatario desde el crimen, los familiares de los estudiantes abogarán por una “investigación de las responsabilidades de aquellos funcionarios que, por acción u omisión, obstruyeron la justicia y, sobre todo, obstruyeron la verdad de lo sucedido” la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, dijo el activista.
La reunión fue confirmada por la secretaría de Gobernación (Interior) el sábado, casi una semana después de que expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentaran un informe producto de seis meses de investigación que cuestiona la versión oficial, en especial el punto que sostiene que los estudiantes desaparecidos fueron incinerados en un basurero de Cocula (Guerrero) en un periodo de entre 14 y 16 horas.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contrató al perito peruano José Torero, que sostuvo que, para que la incineración fuera posible, el fuego tendría que haber durado al menos 60 horas y habría requerido 30 toneladas de madera y 13 de neumáticos, de lo cual no existe rastro científico en el lugar.
El informe del GIEI “abre la posibilidad de que se investigue” a los funcionarios que participaron en la investigación oficial por su probable responsabilidad en la “manipulación” de la “evidencia científica o las declaraciones” de los detenidos, dijo a la AFP Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos.
Los estudiantes desaparecieron en Iguala inmediatamente después de ser disparados por policías corruptos coludidos con un cartel de la droga cuando estaban a bordo de camiones de líneas comerciales que tomaron para hacer colectas.
Los expertos también recomendaron en su informe a la fiscalía investigar la hipótesis de que uno de esos camiones en que viajaban tuviera droga oculta sin que los estudiantes lo supieran.
Tras la difusión del informe de los expertos, las autoridades han insistido en que “un número importante” de los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero tras ser asesinados, aunque sólo ha sido identificado uno de ellos entre los restos que la fiscalía encontró en un río cercano, donde presuntamente fueron arrojados los restos carbonizados.
