Caracas, 30 Mar.- La Ley de Amnistía que prevé la liberación de “presos políticos” enfrenta nuevamente al presidente Nicolás Maduro y los opositores que dominan la Asamblea Nacional.
Tras un largo y acalorado debate, el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, aprobó la víspera el Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que el mandatario prometió vetar.
La iniciativa beneficiaría a opositores de alto perfil que están tras la rejas, algunos con condenas, otros con procedimientos abiertos, como Leopoldo López o el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, acusados de avivar las protestas que dejaron más de 40 muertos a principios del 2014, entre otros delitos.
La Ley de Amnistía será remitido al Ejecutivo para su firma, aunque las leyes venezolanas otorgan a la Asamblea Nacional mecanismos para promulgar leyes sin aval de la presidencia.
Los diputados chavistas han mostrado su rechazo por considerar que se trata de una norma que beneficia a personas que cometieron graves delitos.
Los diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) rechazaron la legislación que consideran beneficia a personas que cometieron graves delitos.
El presidente Nicolás Maduro afirmó que no refrenderá la norma ya que tiene como objetivo “proteger” a criminales.
“Leyes para amparar terroristas y criminales, no pasarán por aquí. Hagan lo que hagan”, advirtió Maduro en un discurso televisado desde el Palacio de Miraflores.
La ley prevé la liberación de 76 personas consideradas “presos políticos” por la oposición, y una amnistía para centenares de venezolanos “perseguidos y exiliados” por su oposición al chavismo, según la diputada Delsa Solórzan.
La aprobación de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional reaviva la pugna de poderes entre el Parlamento y el Supremo y la serie de enfrentamientos entre Maduro y los opositores que piden su salida.
En enero pasado, la mayoría opositora en la Asamblea Nacional rechazó una solicitud del presidente Nicolás Maduro de prorrogar el decreto de emergencia económica que su gobierno plantea para enfrentar la crisis agravada por la caída del petróleo.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció recientemente que activaría “todos los mecanismos constitucionales” para lograr la salida de Maduro, a quien culpa por la actual crisis económica y social de Venezuela.
Este plan implica la activación de alguna de cuatro vías para lograr el cambio político: protestas para lograr la renuncia del mandatario, un referéndum para revocarlo, una enmienda para lograr recortar su periodo de gobierno y una Asamblea Constituyente.
Para el dirigente oficialista Roy Daza, “el problema de fondo es que la oposición no tiene ninguna propuesta propositiva porque no tiene un proyecto de país que pueda atraer a la población”, por lo que su agenda se limita a buscar la salida de Maduro.
La economía venezolana atravesó en 2015 su peor año, debido a la caída de los precios del crudo. La economía retrocedió 5.7 por ciento y la inflación escaló a 280 por ciento. (Notimex)