Madrid, 25 ago (EFE).- Los proyectos de infraestructura a gran escala en países de América Latina “amenazan” los bosques tropicales, “socavan esfuerzos para prevenir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad”, y “vulneran los derechos de los pueblos indígenas, que desempeñan un papel vital en su protección”.
Así lo asegura un artículo publicado hoy, miércoles, en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias (PNAS, por sus siglas en inglés) elaborado por un grupo de científicos y profesionales de la Universidad de Clark, Universidad de Boston, Fundación Gordon y Betty Moore, Oxfam, PRISMA-El Salvador, Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Universidad de California en Merced (UC-Merced) y Universidad de Sheffield.
Los expertos señalan en el texto puntos específicos donde los proyectos de infraestructura amenazan “algunos de los bosques con mayor biodiversidad de América Latina y los derechos de los pueblos indígenas locales”.
Además de identificar políticas que agravan las amenazas hacia los bosques y los derechos de las comunidades, los autores sugieren enfoques alternativos para el desarrollo de infraestructura, guiados por una participación equitativa en la toma de decisiones y con el objetivo de mitigar la crisis climática.
Muchos gobiernos e instituciones internacionales inciden en el rol de “nuevas y mejoradas carreteras, canales, ferrocarriles, puertos e infraestructura energética”, que contribuirán a lograr “crecimiento económico”, exponen en el artículo los expertos.
Sin embargo, estas infraestructuras “catalizarán inversiones en sectores responsables de deforestación, incluyendo la agricultura a gran escala, ganadería e industrias extractivas”, advierten.
Por otro lado, la construcción de estas infraestructuras se llevaría a cabo en tierras habitadas por indígenas, afrodescendientes y otras poblaciones rurales marginadas, lo que “aumentaría los peligros de pérdida de bosques, degradación de ecosistemas y desplazamientos de comunidades”.
Este desplazamiento de comunidades “puede incrementar el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas”, a lo que añaden que “estos proyectos a gran escala corren el riesgo de perpetuar la corrupción políticamente destructiva relacionada con concesiones y contratos de construcción”.
En este sentido, en el artículo se lanza una propuesta que incluye la interrelación de “infraestructura, desarrollo y sostenibilidad”.
La primera particularidad de este nuevo paradigma es “repensar la relación entre la infraestructura y el desarrollo y, en vez de vincular el ladrillo con una forma de ‘progreso’, entenderla en términos de su contribución a la prosperidad de los seres humanos y la conectividad de los ecosistemas”.
Respecto al proceso de planificación y toma de decisiones, “que usualmente tiene lugar lejos de las regiones en las que los proyectos se implementan”, los expertos señalan que “debe incluir las voces de las poblaciones locales afectadas”, para “una mejor protección de las tierras y áreas de conservación”.
Por último, recomiendan una mayor “supervisión pública de la infraestructura”, en la que se incluya debate sobre qué infraestructura se necesita, dónde y cómo debería ser diseñada e implementada.
Esto, continúan, permitiría “una mejor integración de los conocimientos científicos en los procesos de toma de decisiones”, así como “ampliar la esfera de implicación” de la sociedad, detallan.
“Las consideraciones de equidad deben estar en el centro de esta planificación y debate, especialmente en un contexto posterior a la COVID-19, ya que la enfermedad ha afectado desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y pueblos tradicionales”, concluyen.
