Washington (AFP) – Un juez federal estadounidense acató el martes el pedido de 26 gobernadores y bloqueó la aplicación de decretos migratorios anunciados en noviembre por el presidente Barack Obama, aunque la Casa Blanca reforzó que apelará esa decisión.
“La ley está de nuestro lado y la historia está de nuestro lado; vamos a apelar” esa decisión, dijo Obama, denunciando la decisión tomada el lunes por el juez Andrew Hanen del tribunal federal de Brownsville (Texas, sur).
“No es la primera vez que un juez bloquea o intenta bloquear algo que al final resulta legal”, añadió.
Hanen cuestionó la autoridad del presidente Obama para adoptar medidas por decreto, y por ello bloqueó todo el proceso de regularización de inmigrantes hasta que una corte decida sobre la constitucionalidad de la iniciativa presidencial.
De esa forma, detuvo momentáneamente un proceso puesto en marcha por el gobierno para evitar la deportación de un contingente estimado de entre cuatro y cinco millones de los 11 millones de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos.
“Es preferible determinar la legalidad de estas acciones antes de que se decidan los destinos de más de cuatro millones de personas”, sentenció el lunes el juez.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, dependiente del Departamento de Seguridad Interna) tenía previsto comenzar a recibir y procesar, a partir del miércoles, las demandas de regularización de personas que ingresaron como menores de edad (DACA), y a partir de mayo, de los padres (DAPA) de ciudadanos o residentes estadounidenses.
De inmediato, el secretario de Seguridad Interior (DHS), Jeh Johnson, anunció la suspensión “hasta nueva información” de la aceptación de pedidos para ambos programas.
– Un proceso enorme –
En un contacto con la prensa, el presidente Obama dijo que los técnicos del Departamento de Seguridad Interna estarán “preparados para implementar esto a plenitud tan pronto como las cuestiones legales sean resueltas”.
Obama subrayó que no se recibirán nuevos pedidos de regularización migratoria. “Estamos haciendo todo el trabajo preparatorio porque esto es un proceso enorme”, señaló.
El presidente insistió que su gobierno no pretende “arrancar una madre de sus hijos cuando esos niños han nacido aquí y esa madre ha estado viviendo aquí”.
En una conferencia de prensa, Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca, manifestó categóricamente que “ya ha quedado muy claro que el Departamento de Justicia apelará esta decisión”.
“Este gobierno está convencido de que las decisiones adoptadas por el presidente están dentro de su autoridad. Creemos que estamos caminando sobre un territorio muy firme en este sentido”, dijo la alta funcionaria, para añadir que las autoridades anunciarán los siguientes pasos “en los próximos días”.
– “Reinado de la ley” –
Los estados y jueces que patrocinaron la demanda ante el juez Hanen consideran que, al ordenar acciones ejecutivas sobre la cuestión migratoria, Obama violó la Constitución. Esas acciones, alegan estados, provocarán “daños dramáticos e irreparables”.
Para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, la decisión del juez Hanen constituye “una victoria para el reinado de la ley en Estados Unidos y un primer paso crucial para cercar el desenfreno del presidente Obama”.
Del lado opuesto, Debbie Smith, asesora legal para entidades de defensa de los inmigrantes, pidió a los solicitantes de las medidas seguir juntando documentos “porque esto es un bache en el camino, no es el fin del juego y la justicia se impondrá”.
Activistas proinmigración convocaron a marchas y protestas desde este martes al domingo en varias ciudades de Estados Unidos para protestar la decisión.
México y Guatemala, con millones de inmigrantes en Estados Unidos, lamentaron la decisión del tribunal y alertaron a sus ciudadanos en ese país de posibles engaños y fraudes migratorios.
– Congreso inmóvil –
Obama anunció en noviembre un paquete de medidas para sacar de la irregularidad a millones de inmigrantes, por considerar que el Congreso ha demostrado ser incapaz de aprobar una reforma migratoria completa.
El Senado aprobó en 2013 un ambicioso proyecto reforma migratoria, que luego quedó empantanado en la Cámara de Representantes (diputados). Con la oposición republicana ahora en control de las dos cámaras del Congreso el proyecto es considerado letra muerta.
La situación llegó a tal punto que el Departamento de Seguridad Interna (DHS, órgano responsable de aplicar las medidas de alivio migratorio) tiene presupuesto aprobado apenas hasta el 27 de febrero.
Un proyecto de ley impulsado por los republicanos establece un presupuesto para ese Departamento pero elimina de un plumazo los recursos para medidas migratorias. Hasta ahora, los Demócratas han bloqueado la votación de esa ley.