Phoenix (AZ), 22 jul (EFE News).- Grupo defensores de los derechos de los inmigrantes, junto con la oficina del Fiscal General de Nuevo México, interpusieron este miércoles una demanda para que los inmigrantes no sean “cazados” por agentes de ICE cuando acuden a las cortes de este estado.
“Han llegado a meterse al baño de mujeres dentro de las cortes para hacer detenciones. Los agentes andan vestidos de civiles y arrestan a las personas en las escaleras o los estacionamientos, algunos se asustan porque piensan que se trata de un secuestro”, dijo hoy en una teleconferencia María Martínez Sánchez, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Recordó que en diversas ocasiones han intentado frenar el acoso de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los juzgados de este estado con peticiones a la Corte Suprema o leyes de protección, pero no han prosperado, por lo que ahora decidieron interponer una demanda formal contra estas “prácticas abusivas”.
“En otros estados como Massachusetts se han ganado estas demandas, así que confiamos en que lograremos detener estas prácticas”, comentó.
La oficina del Fiscal de Distrito y la Oficina del Fiscal General de Nuevo México se unieron este miércoles a grupos locales de derechos para presentar una demanda “combinada” en la que piden a un tribunal federal que bloquee los arrestos de ICE en la inmediaciones de los juzgados.
Esta práctica, aseguran las organizaciones, pone en peligro la seguridad pública al hacer que los inmigrantes y sus familias tengan miedo de pedir justicia ante un tribunal cuando han sido víctimas o testigos de un delito.
“Las mujeres ni siquiera pueden poner una orden de restricción por violencia familiar, otros tantos tienen miedo de denunciar algún delito, es preocupante la situación”, señaló Martínez.
“Tales acciones asustan a las víctimas y a los testigos fuera de la sala del tribunal, haciendo que el enjuiciamiento de los responsables de crímenes sea casi imposible y dejando a todos los involucrados en un proceso suspendido”, comentó Mary Carmack-Altwies, fiscal entrante para el primer Distrito Judicial.
Por su parte, el Centro de Igualdad y Derechos expresó su preocupación por el impacto “escalofriante” que ICE tiene sobre la seguridad pública y el acceso “inequitativo” de los inmigrantes a la justicia.
En los últimos tres años, aseguran, han experimentado un aumento en las llamadas de miembros de la comunidad que están aterrorizados de ir a la corte.
“Tuve una multa que resultó de una parada de tránsito de rutina, pero tenía demasiado miedo de entrar a la corte. No debería sentir que soy un blanco de persecución mientras trato de cumplir con la ley y resolver algo tan minúsculo, no es justo”, dijo Edelmira Hernández, miembro del Centro de Igualdad y Derechos.
