ORLANDO, 26 de enero.- Una hondureña indocumentada que permaneció más de 48 horas detenida sin que se le formulasen cargos interpuso una demanda civil contra el alguacil del condado Lake, en Florida (sur de Estados Unidos), informaron hoy sus abogados.
La querella de Rita Hernández Perdomo de Cotes en contra del alguacil Gary Borders fue presentada el martes ante una corte federal en Ocala por abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida que la representarán en el litigio.
Cotes, de 39 años y madre de cuatro hijos, fue arrestada el 16 de febrero de 2009 por policías de la ciudad de Tavares, donde reside, después de que éstos acudieran al llamado de emergencias hecho por la hondureña, quien buscaba ayuda ante la agresión que sufría su hermana a manos de su ex novio, según documentos judiciales.
Aunque su hermana presentaba golpes y moretones en el cuello y pidió varias veces ayuda a la policía para presentar cargos contra su ex novio, la policía de Tavares arrestó a Rita Hernández de Cotes, quien hacía de traductora y no pudo presentar pruebas de su residencia legal, según ACLU.
En su demanda, la inmigrante, quien está casada con Robert Cotes, ciudadano estadounidense y veterano de la guerra de Irak, alega que el alguacil Borders la hizo vivir “momentos extremadamente traumáticos debido a que sus hijos también sufrían por ella”.
Acusa también a Borders, controvertido alguacil que ha sido señalado por líderes comunitarios y campesinos por aplicar perfil racial, de mantenerla bajo arresto por ocho días de manera ilegal, sin levantarle cargos y sin permitirle ver a sus familiares.
“La señora Cotes fue detenida sin una orden de arresto, sin garantías, sin ver a un juez, y después que ACLU intervino para desafiar la legalidad de su detención, la entregaron al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Orlando, y luego la trasladaron a Broward (sur de Florida), lejos de su esposo e hijos”, explicaron hoy sus abogados Glen Katon, Randall Marshall y Howard Marks.
“Ni la policía de Tavares, ni el condado Lake, tenían ninguna autoridad o causa para detener a Cote”, enfatizó Katon.
Cotes, quien quedó en libertad después de un recurso de hábeas corpus interpuesto por ACLU, que trabaja para resolver su situación migratoria, solicita, además un juicio con jurado, que Borders asuma los costes legales de su proceso y los honorarios de sus abogados, además de una compensación por daños y perjuicios.
John Herrell, portavoz del alguacil Borders, aseguró hoy que no tiene conocimiento oficial de la demanda.
“Todavía no hemos recibido los documentos de la demanda, por lo que no podemos comentar de un caso que aún no conocemos”, dijo.
Días después del arresto de Cotes, Herrell admitió en una conferencia de prensa que su oficina había “cometido un error”.
Cotes llegó al condado Lake siendo una niña, indocumentada y ahora es madre de cuatro hijos, y que “no existe autoridad policial en Florida con autoridad legal para detener a alguien en esta situación”, indicó el abogado Marks.
