La SB 1808, y su proyecto similar de la Cámara de Representantes HB 1355, buscan prohibir los contratos del Gobierno estatal y de los locales con empresas que brinden transporte a menores no acompañados.
Además, amplía la definición de “política de santuario” para evitar que se limite o prohíba que las policías locales proporcionen información migratoria a las autoridades federales, que tienen la competencia exclusiva en esta materia.
De aprobarse el proyecto de ley, las agencias del orden que operan algún centro de detención deberán firmar un acuerdo con ICE para participar en el programa 287(g), por el que agentes locales realizan funciones de aplicación de la ley de inmigración.
El arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, ha denunciado además que esta ley obligaría a cerrar albergues que acogen a los menores inmigrantes que llegan al país sin la compañía de sus padres o tutor legal al eliminar los fondos estatales a cualquier agencia, incluida Caridades Católicas, que brinde servicios a estos indocumentados.
La HB 1355 todavía está en debate en la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos, por lo que pasaría al gobernador, que ya ha manifestado su apoyo público a este proyecto de ley.
La Coalición Americana de Empresarios por la Inmigración (ABIC) condenó este viernes la aprobación en el Senado y consideró que, de aprobarse, esta medida perjudicará a los empleadores del estado que enfrentan una “grave escasez de mano de obra y creará miedo e incertidumbre en una amplia gama de inmigrantes” en Florida.
“El vergonzoso proyecto de ley del gobernador fue elaborado por razones políticas. Duele a los empleadores que ya enfrentan una escasez extrema y a niños inocentes atendidos por instituciones religiosas como la Arquidiócesis de Miami”, dijo Mike Fernandez, presidente de MBF Healthcare y copresidente de ABIC Action.
ABIC denunció que el proyecto de ley, tal como está redactado, puede perjudicar a muchos de los 350.000 venezolanos de Florida que tienen un estatus de protección temporal (TPS), al marcarlos como “deportables, incluso si están autorizados” a residir en el país.
La organización recordó que los venezolanos pueden ser un “electorado clave con creciente poder en Florida”.
Precisamente, un grupo de líderes de la comunidad venezolana envió este miércoles una carta a los líderes legislativos para pedir que votasen en contra de SB 1808 y HB 1355, al considerarlas “un ataque directo a la comunidad de venezolanos en Florida”.
“Tal como está escrita, esta legislación nos definiría como ‘extranjeros no autorizados’ porque nuestras solicitudes de permisos de trabajo se retrasan debido a causas ajenas a nosotros”, reclamaron los firmantes de la misiva, que criticaron que la medida “se hizo por razones políticas”.
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