“La covid-19 continúa propagándose rápidamente en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)”, afirmó Eunice Chao, del Proyecto Nacional de Prisiones de ACLU.
“Los jerarcas del ICE han sabido por meses que deben administrar las inoculaciones de refuerzo a las personas detenidas, pero no lo han hecho. Esta omisión es cruel e inconstitucional”, añadió.
El ICE indica que hasta ayer tenía bajo su custodia 18.203 inmigrantes, de los cuales 980 habían tenido resultados positivos en la prueba para la detección del coronavirus o estaban bajo observación.
Desde el comienzo de la pandemia en 2020, más de 560.000 inmigrantes bajo custodia del ICE recibieron la prueba y entre ellos se confirmaron 40.679 casos positivos, de los cuales 11 concluyeron en la muerte.
Los demandantes se identificaron como Miguel Ángel Escalante y Kenet Jefet Hernández Herrera, detenidos en Arizona; Anna Sorokin, detenida en Nueva York, y Ramón Domínguez González, en California.
La ACLU sostiene que los cuatro sufren diversas condiciones médicas que los hacen vulnerables a complicaciones graves de la covid-19, incluyendo infección con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), infección real crónica, obesidad y síndrome de estrés postraumático.
Estas personas, indica el documento de la querella, “han pedido y se les ha negado el refuerzo de las vacunas de covid-19” y son “médicamente vulnerables a la enfermedad grave y la muerte en caso de infección”.
En cuatro meses entre noviembre de 2021 y el 21 de febrero de 2022, el ICE ha suministrado un total de 1.436 inoculaciones de refuerzo a personas detenidas a pesar de que tiene bajo su custodia un promedio diario de entre 18.800 y 22.000 detenidos en sus más de 20 centros de detención, según ACLU.
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