El proyecto de ley de la congresista republicana se basa en el denominado “Programa de Dignidad” que, de aprobarse, permitiría a los inmigrantes indocumentados que han permanecido en los Estados Unidos durante cinco años quedarse en el país y trabajar legalmente si cumplen ciertos requisitos.”Puedes salir de las sombras y vivir una vida digna”, dijo hoy Salazar en una rueda de prensa telefónica.
De acuerdo con el proyecto legislativo, los participantes en el “Programa de Dignidad” tendrían que pasar una verificación de antecedentes penales, abonar impuestos atrasados y comenzar a pagar otros sobre la renta con base en los nuevos salarios.
Además, deberán pagar al Gobierno federal 10.000 dólares en restitución en un lapso de 10 años por haber ingresado ilegalmente al país.
“Mil dólares al año para vivir en la tierra prometida es más que aceptable”, señaló la congresista de origen cubano que representa el distrito 27 de Florida.
Según se matizó en la rueda de prensa, el dinero proveniente de la restitución se destinaría a un nuevo Fondo de Trabajadores Estadounidenses, que pagaría la capacitación laboral de los ciudadanos del país.
Las personas que apliquen al programa pagarían un impuesto con la finalidad de aumentar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza y actualizar la tecnología de esta agencia federal.
“La mano de obra indocumentada va a pagar por la seguridad fronteriza”, de aprobarse esta medida, señaló Salazar.
De salir adelante el proyecto de ley, a los participantes elegibles se les permitiría viajar de ida y vuelta entre EE.UU. y su país de origen y serían residentes legales en lugar de ciudadanos, aunque con posibilidades de obtener la ciudadanía en un futuro.
En un comunicado, Ali Noorani, presidente y director ejecutivo del National Immigration Forum, una organización de defensa de los inmigrantes con sede en Washington DC, señaló hoy que “la introducción de la ‘Ley de Dignidad’ representa un paso decisivo y constructivo hacia las reformas migratorias que se habían retrasado mucho”.
“Necesitamos que republicanos y demócratas construyan consenso sobre soluciones que refuercen nuestra fuerza laboral y nuestra economía, ofrezcan certeza a todos nosotros que dependemos de los ‘dreamers’ y campesinos, y establezcan un proceso ordenado y humano para los migrantes que llegan a nuestras fronteras”, añade el comunicado.
Según un informe de 2020 del Instituto de Política Migratoria (MPI), la cifra de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable, entre los 10,5 millones y 12 millones de personas desde la Gran Recesión de 2007-2009, pero el origen de esta población se ha hecho más diverso.
A principios de este mes de febrero, el condado de Miami-Dade, del sureste de Florida, aprobó la creación de una identificación para sus residentes sin importar su estatus migratorio, una medida con la que se suman a otras grandes ciudades con una amplia comunidad inmigrante.
Con esta aprobación, el condado de Miami-Dade se suma a una lista de jurisdicciones que ofrecen o reconocen identificaciones para indocumentados como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco o Washington D.C, entre otras, y en Florida los condados de Broward o Alachua.
Según recogen hoy algunos medios nacionales, Salazar ha estado presentando este proyecto migratorio desde 2021, pero fue este martes el día que marcó su presentación oficial.
“Esperamos trabajar con la representante Salazar y sus colegas para mejorar el proyecto de ley inicial y ayudar al Congreso a negociar soluciones inteligentes”, anheló el líder del National Immigration Forum.