San Antonio del Táchira (Venezuela) (AFP) – La frontera colombo-venezolana permanecía militarizada y en calma el jueves, luego del cierre por 72 horas anunciado por el presidente Nicolás Maduro tras una “emboscada militar” que dejó heridos a tres militares y un civil, mientras que ambas cancilleres acordaron reunirse en septiembre sobre temas fronterizos “sensibles”.
El acceso principal por el puente internacional Simón Bolívar, cercano al pueblo de San Antonio, así como los puentes Unión de Boca de Grita y Francisco Paula Santander de Ureña, todos en el estado Táchira (oeste), permanecen bloqueados con alambres de púas y presencia militar.
Tanto en el lado venezolano como el colombiano del puente, decenas de personas permanecían sin poder cruzar la frontera a pie, mientras que el tráfico vehicular era prácticamente inexistente, constaron fotógrafos de la AFP.
Este jueves, Maduro aseguró que dos de los militares heridos “se están debatiendo entre la vida y la muerte”, anunció el despliegue de un operativo especial para detener a los autores del ataque y criticó con firmeza estos hechos de violencia, que según él son “importados de Colombia”.
“Son múltiples las pruebas de que esta peste paramilitar ha sido traída por la ultraderecha venezolana y enviada por la ultraderecha colombiana para crear violencia y muerte en el país“, aseguró el mandatario.
La canciller colombiana, Ángela Holguín, consideró el cierre una “medida soberana” de Venezuela y anunció que se reunirá “posiblemente el día 14 de septiembre” con su homóloga Delcy Rodríguez para analizar “muchos de estos temas sensibles que tocan a la frontera”.
También el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, sugirió el jueves desde Quito que “paramilitares colombianos” podrían estar detrás del ataque.
Maduro dijo que la situación de la frontera entre ambos países es “dramática” y que persiste una “crisis migratoria”, con más de 120.000 colombianos que han ingresado a Venezuela en lo que va de año “huyendo de la pobreza y la miseria”, y que pondrá en marcha un “plan especial migratorio”, del que no ofreció detalles.
El del miércoles es el segundo ataque armado que se reporta en la zona desde finales de julio, cuando pobladores colombianos denunciaron la muerte de un compatriota presuntamente a manos de militares cuando transportaba mercancías de Venezuela a Colombia por un paso clandestino.
El 28 de julio, el gobierno venezolano negó una incursión militar en territorio colombiano denunciada por campesinos y difundida por la Defensoría del Pueblo en Bogotá.
– Permeable y peligrosa –
Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 2.219 km donde las autoridades de ambos países denuncian la actividad de grupos guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de combustible y otros productos fuertemente subsidiados por el gobierno venezolano.
La denuncia de Maduro se produce en momentos en que su país enfrenta un desabastecimiento de al menos dos tercios de los productos básicos, un fenómeno que analistas atribuyen al férreo control de precios y a una sequía de divisas por la caída de los precios del petróleo, que genera 96% de los dólares de este país altamente dependiente de las importaciones.
A ello se suma una inflación que al cierre de 2014 rozó 70% (último dato oficial), pero que según expertos ya habría sobrepasado los tres dígitos.
Esto ha agudizado la depreciación del bolívar, sometido a cuatro tipos de cambio, de los cuales el paralelo es 110 veces superior al oficial de 6,3 bolívares por dólar.
Según la consultora privada Ecoanalítica, los contrabandistas de combustible pueden obtener una ganancia de 3.000% en la gasolina que trasiegan desde Venezuela a Colombia.
Estas distorsiones han generado una escasez de billetes de alta denominación en la región limítrofe, donde de acuerdo con una investigación de Ecoanalítica, los contrabandistas pagan hasta 140 bolívares por un billete de 100, lo que facilita su logística para comprar productos en Venezuela que son revendidos en Colombia.