El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, será juzgado de manera inmediata por supuesta incitación a la prostitución de menores y concusión (abuso de poder) por el llamado caso Ruby, la joven de origen marroquí que acudió a las fiestas del mandatario cuando era menor de edad.
La jueza para las investigaciones preliminares Cristina di Censo dispuso el “juicio inmediato” para Berlusconi, de 74 años, a partir del próximo 6 de abril ante la Corte milanesa, en la que además tiene pendientes dos juicios y una audiencia preliminar.
Mediante un comunicado de prensa, el Tribunal de Milán despejó todas las incógnitas sobre el futuro del primer ministro ante este escándalo, pues finalmente dispuso su enjuiciamiento inmediato (sin necesidad de audiencia preliminar), al considerar que se cuenta con pruebas evidentes de los delitos.
Con esta decisión, Di Censo, en contra de los argumentos esgrimidos por la defensa de Berlusconi, declaró además competente a la Fiscalía de Milán en su investigación del mandatario, llevada a cabo en base a numerosas escuchas telefónicas que se han ido filtrando poco a poco a los medios, causando un gran revuelo.
El jefe del gobierno italiano, contra el que el pasado domingo se celebró una masiva manifestación de mujeres, será además juzgado por un tribunal compuesto únicamente por magistradas: Giulia Turri, Carmen D’Elia y Orsola De Cristoforo.
La acusación de concusión se centra en la llamada telefónica de Berlusconi en la noche del 27 de mayo de 2010 a una comisaría de Milán para exigir supuestamente que dejaran en libertad a Ruby (detenida por un robo) y se la entregaran a la consejera de Lombardía Nicole Minetti, alegando que era la sobrina del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak.
La acusación de prostitución de menores se centra en la presencia misma de la joven en varias ocasiones en la mansión de Berlusconi de Arcore (próxima a Milán) cuando era menor de edad, en las que la Fiscalía cree que hubo encuentros sexuales con el mandatario.
El código penal italiano contempla una pena de entre 4 y 12 años de cárcel para el delito de abuso de poder y de entre 6 meses y 3 años de reclusión para la prostitución de menores, penas que podrían recaer en un Berlusconi que, también en este caso, puede solicitar el juicio por la vía rápida.
La jueza Di Censo indica al Ministerio de Interior italiano y a la propia Ruby como partes damnificadas, respectivamente, por el supuesto abuso de poder y la prostitución de menores cometidos por Berlusconi, cuyo sumario fue separado del general del caso, en el que figuran la propia Minetti, el representante de famosos Lele Mora y el director de informativos del canal Rete Quattro, Emilio Fede.
Además, la jueza para las investigaciones preliminares declaró como parte damnificada por la posible concusión a los funcionarios de la comisaría de Milán que supuestamente tuvieron que acatar las exigencias del mandatario: Pietro Ostuni, Girogia Iafrate e Ivo Morelli.
En una primera reacción recogida por los medios italianos, el abogado de Berlusconi, Piero Longo, aseguró que no se esperaban “nada distinto” a la decisión de la jueza Di Censo y afirmó, en referencia a las magistradas que juzgarán a Berlusconi, que “las señoras son bienvenidas y alguna vez agradables.”
Los principales partidos de la oposición de centroizquierda, el Partido Demócrata (PD) e Italia de los Valores (IDV), exigieron el martes a Berlusconi que, en esta ocasión, acuda a los tribunales y, en el caso de la petición de IDV, que lo haga como ciudadano común tras dimitir, no como primer ministro.
Berlusconi, quien canceló este martes su comparecencia en Sicilia por el flujo de inmigrantes tunecinos, tiene pendiente en la Corte de Milán el llamado caso Mills, en el que se le acusa de corrupción en acto judicial (se reanudará el próximo 11 de marzo), así como el proceso Mediaset, en el que está imputado por un supuesto fraude fiscal (retomará el próximo 28 de febrero).
En fase de audiencia preliminar está el caso Mediatrade, en el que se debe decidir si se le juzga por apropiación indebida y fraude fiscal y que, como los casos anteriores, había quedado suspendido por la ley del legítimo impedimento, a la que Berlusconi se había acogido para no acudir a los tribunales y que fue invalidada parcialmente por el Tribunal Constitucional este enero.
