“Espero escuchar los planes actuales de la administración (del presidente Barack Obama) para expandir” ese programa, señaló el legislador, quien agregó que ese tipo de medidas son necesarias para reducir el desempleo, que actualmente se ubica en 9.0 por ciento.
El sistema voluntario para verificar el estatus legal de un trabajador es usado por 250 mil negocios y es obligatorio para ciertos contratistas federales, indicó Smith.
El E-Verify es administrado por la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios de Estados Unidos (USCIS) y la Administración del Seguro Social (SSA).
El representante republicano por Texas reconoció que la crítica “más válida” contra el programa es el robo de identidad, cuando alguien solicita trabajo con un número fraudulento del Seguro Social, lo que se busca solucionar con la fotografía del solicitante.
Smith citó informes de la USCIS y de la corporación Westat -que proporciona servicios de investigación a agencias del gobierno- que muestran que en 2010 el 98.3 por ciento de los empleados fueron confirmados como autorizados para trabajar y en 2009 la cifra llegó al 99.5 por ciento.
La directora asociada de la Direccción de Servicios Empresariales de la USCIS, Theresa Bertucci, informó que el número de indagaciones bajo el programa E-Verify se incrementó de 3.27 millones en 2007 a 16.4 millones en 2010.
Señaló que el programa ha hecho mejoras significativas para reducir las identificaciones falsas y lo recomendó como una parte de un plan de reforma migratoria “que restablezca la responsabilidad y el rendimiento de cuentas al sistema de inmigración”.
El director de Seguridad Interna y Justicia de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), Richard Stana, citó por su parte informes de su entidad de diciembre pasado que concluyeron que ha habido mejoras al programa, pero persistían “desafíos significativos”.
El ex presidente del Comité Judicial de la cámara baja, el demócrata John Conyers, criticó los esfuerzos de los republicanos de impulsar la aplicación de la ley sin una reforma migratoria, lo que apoyan los principales sindicatos del país.
Esas medidas castigan a los indocumentados, haciéndolos objeto de explotación y los empujan más a las sombras, sostuvo el legislador.
Citó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) que indica que la implementación instrumentación del programa E-Verify sin una reforma migratoria costará 17 mil 300 millones de dólares, porque millones de trabajadores pasarán a la economía informal.
Conyers manifestó que todavía hace falta verificar los costos y el impacto del programa de verificación electrónica de empleo, así como el costo para las empresas, para luego analizar si debe ser obligatorio para todos los empleadores.
De acuerdo con el Centro Hispano Pew, en 2009 había 11 millones de indocumentados, de los cuales 7.8 millones (70 por ciento) estaban incorporados a la fuerza laboral.
Conyers dijo que hay informes que afirman que los estadunidenses no retornarían a trabajos en el sector agrícola y que el endurecimiento de las medidas migratorias podría llevar a la bancarrota a muchas empresas estadunidenses, que perderían competitividad.
“El programa E-Verify no está listo para horario estelar”, aseveró el legislador sobre los intentos republicanos de hacerlo obligatorio para todos los empresarios.
